La Condena de Lula: Un Escándalo Jurídico

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El estado de derecho democraático se caracteriza por la existencia de líámites ríágidos al ejercicio del poder, incluida el de la autoridad judicial. Pero para poder condenar al ex-presidente Luiz Inaácio Lula da Silva, y asíá alejar a la opcioán principal del campo progresista de la eleccioán presidencial de la Repuáblica Federativa de Brasil en 2018 y de la escena políática futura, el poder judicial brasilenñ o violoá los líámites de la justicia, de la epistemologíáa y de la eática. Se trata de un caso ejemplar de accioá n estatal que irrespetuosa del marco de la legalidad democraá tica.

No se trata de un caso aislado. En Brasil, los fenoámenos de violacioán de la estricta legalidad en detrimento de quienes a los ojos del poder econoá mico son indeseables y, maá s especíáficamente, de los pobres o de los enemigos políáticos, no son infrecuentes.

Bastaraá recordar el procedimiento de destitucioá n de la presidenta Dilma Rousseff, homologado por la autoridad judicial a pesar de la ausencia de cualquier “delito de responsabilidad” (lo que es una obligacioá n constitucional para cualquier apartamiento de un presidente elegido democraáticamente) u otros procedimientos judiciales contra responsables de movimientos populares cuyos derechos fundamentales y garantíáas. no fueron respetados, en contradiccioán con las normas constitucionales y

legales que se espera que cualquier accioá n estatal respete.

Sin embargo, lo que caracteriza el caso de Lula, ya se trate del procedimiento judicial o de la continuidad ilegíátima del confinamiento del ex-presidente, es la acumulacioán de acciones atíápicas y las flagrantes ilegalidades cometidas por las instituciones judiciales con intencioá n persecutoria. Todo indica que el poder judicial y el ministerio puáblico federal brasilenños actuaron ilegíátimamente para defender un proyecto políático alternativo al representado por el ex-presidente Lula y su partido.

Entre las muchas ilegalidades cometidas en detrimento del ex presidente Lula da Silva, podemos senñ alar las violaciones explíácitas de las reglas procesales, asíá como las violaciones sustantivas, que deben ser el fundamento de la legitimidad de la aplicacioán de una sentencia a los acusados de una violacioán de la ley penal. Y esto no es todo. Las declaraciones de las autoridades militares (en algunos casos inspiradas en los mismos valores que los del golpe de estado de 1964) y la presioá n ejercida por los grupos econoámicos que controlan los medios de comunicacioán brasilenñ os (que se oponen al proyecto del Partido de los Trabajadores que exige un control social míánimo, al modo del que rige en los Estados Unidos y en el Reino Unido), sosteniendo que lo uánico aceptable era el encarcelamiento del Presidente, son claros indicadores de que la sentencia impuesta al ex-presidente Lula da Silva no ha sido otra cosa que una farsa que oculta una decisioá n políática previa, ajena a la ley y los valores democraá ticos. De modo que no hay duda de que Lula da Silva es un preso políático.

Desde el momento mismo del inicio del proceso penal contra el ex-presidente fue posible ver que habíáa senñales claras de violacioán de la imparcialidad judicial. La imparcialidad, por definicioán, es sinoánimo de inalienabilidad, es decir que los

Traducción desde el francés al español de Gabriel Puricelli

jueces no pueden tener intereses personales relevantes para el resultado del juicio, ni pueden actuar para obtener un beneficio políático, mediaático, financiero o social de la cuestioán sometida a juicio. Sin embargo, Sergio Moro, autor de la sentencia que condenoá a Lula, obtuvo un beneficio políático, mediaático y social de la causa que juzgoá .

Convertido en un heároe de los grupos econoámicos que controlan la mayoríáa de los medios de comunicacioán brasilenños, Sergio Moro, fue invitado a eventos sociales debido a su papel como juez del “caso Lula”, se mostroá junto a opositores políáticos de Lula da Silva (como, por ejemplo, el ex-candidato presidencial Aeácio Neves, acusado de corrupcioá n, pero aún en libertad) y asumió el cargo de Ministro de Justcia en el gobierno de Jair Bolsonaro, el principal benefciario polítco de la condena contra Lula da Silva. Es importante tener en cuenta la versión, que proviene de miembros del gobierno de Bolsonaro, de que la invitación para asumir este cargo ejecutvo se realizó al inicio mismo de la campaña electoral.

Pero más allá de eso, todo representante del poder judicial debe encarar los juicios en una situación de ignorancia, sin convicción ni certeza sobre los hechos atribuidos al acusado. En términos generales, se puede decir que en el proceso penal brasileño, la decisión de un juez imparcial sólo se toma en el momento consttucionalmente adecuado, es decir, al fnal de la presentación de sus alegatos fnales por cada una de las partes. Hasta este momento defnitvo, el juez debe estar en condiciones de poder modifcar sus impresiones provisorias sobre el expediente. De hecho, la imparcialidad es el requisito indispensable para un juicio justo. Es uno de los dos pilares de una estructura judicial democrátca. Nada de esto estuvo presente en la forma en que el ex-presidente Lula da Silva fue juzgado por el caso remitdo al poder judicial.

Basta con leer cuidadosamente dos documentos judiciales para darse cuenta, por ejemplo, de que el Juez Sergio Moro, tanto en la exposición de la “evidencia” contra el ex-presidente como en la primera sentencia contra Lula da Silva, da por cierta desde el vamos lahipótesis de la acusación presentada por el fscal federal (quien, por su parte, había dado forma a la expectatva de quienes detentan el poder económico y a los prejuicios de una parte de la sociedad contra un líder popular) y se limitó a jugar con presunciones, prejuicios, condenas previas e indicios frágiles para hacer que convergieran hacia una condena del acusado, todo sin dar cuenta de los hechos y las pruebas presentadas durante la investgación criminal. Estamos ante la “primacía de la hipótesis sobre los hechos”, refejo de una clara manifestación inquisitorial, en violación de la disposición consttucional brasileña sobre el sistema de acusación, que exige una postura neutral del juez y una separación entre las funciones de acusación y juicio.

Son numerosos los ejemplos concretos y muy determinados que muestran que el juez Sergio Moro ha procedido en violación de la imparcialidad requerida por parte de quien juzga en un sistema judicial democrátco. En numerosas ocasiones, tanto antes como después de la condena, Sergio Moro dejó claro en declaraciones públicas que se consideraba un adversario del proyecto polítco encarnado por el acusado. En la batalla contra este proyecto y en el intento de infuir en la opinión pública, la acción

Traducción desde el francés al español de Gabriel Puricelli

tomada para eludir el secreto de la investgación, sin haber adoptado medidas para evitarla, fue fundamental.

No fue entonces sorprendente ver a Sergio Moro dejar el poder judicial poco después de la condena del ex-presidente y de la elección del principal opositor polítco de Lula da Silva para asumir el papel de Ministro de Justcia en ese gobierno de derecha, liderado por Jair Bolsonaro, quien a su vez había prometdo acabar con el partdo polítco de Lula da Silva y quien recientemente dijo que haría todo lo posible para mantener a Lula en la cárcel.

La imparcialidad del organismo responsable de juzgar es indispensable desde el principio hasta el fnal del proceso judicial. No fue así en el “caso Lula”, ya que al fnal del proceso, el juez Sergio Moro tuvo una conducta defnida por la ley brasileña como un crimen contra el acusado. Entre otras cosas, Moro le entregó a la prensa, contrariamente a lo previsto por la ley, la grabación de una interceptación de una comunicación telefónica entre el ex-presidenta Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousse . Si un juez revela ilegalmente el contenido secreto de cualquier caso criminal, con el fn de movilizar a la opinión pública, perjudicar al acusado o preparar la aceptación de la decisión que planea adoptar (decisión tomada antes del momento apropiado), es obvio que hay un sesgo que se constata objetvamente. Más allá del sistema judicial democrátco, este hecho en sí mismo sería sufciente para apartar al juez por parcialidad en el proceso, pero este no fue el caso en Brasil.

La mejor garanta de imparcialidad durante el procedimiento es un rol pasivo del organismo a cargo de la sentencia, en partcular porque corresponde a las partes (acusación y acusado) elegir las pruebas que pretenden presentar, porque eso asegura la distancia necesaria para dictar sentencia y hacer justcia. Nada de esto se respetó en el proceso contra el ex-presidente Lula da Silva. Cada vez que un juez abandona su papel pasivo para unirse a la fscalía y actuar en la dirección de la hipótesis acusatoria, existe una clara violación de la imparcialidad. Esta violación de imparcialidad, sin embargo, queda en evidencia cuando se examina la relación de cooperación entre el fscal y el juez Sergio Moro durante todo el juicio. El propio juez Sergio Moro, en varias declaraciones públicas, dio la bienvenida al “trabajo conjunto” con la parte de la acusación.

También podemos recordar la conducta inquisitorial del ex-juez Sergio Moro, quien interrogó durante varias horas al ex-presidente Lula da Silva (un acusado considerado como de avanzada edad por la ley brasileña), intentando “producir” contradicciones o encontrar elementos probatorios que no fueron hallados durante la fase de instrucción, hecho que consttuye otro indicador de la parcialidad de la acción del poder judicial brasileño.

Pero hay más. Otros pronunciamientos del ex juez Sergio Moro muestran claramente que se violó la imparcialidad en el “caso Lula”. En efecto, Moro tomó medidas concretas durante sus vacaciones (externalización de la ley) para hacer prevalecer su lista de deseos (parcialidad subjetvo) y para mantener al ex-presidente en prisión,

Traducción desde el francés al español de Gabriel Puricelli

yendo en contra de la decisión de otro magistrado, y por lo tanto, en clara violación de las normas de competencia (conjunto de reglas que permiten validar el ejercicio de la justcia) y la garanta consttucional del juez natural.

Del mismo modo, las decisiones del Supremo Tribunal Federal impidiendo que Dilma Rousse incorpore al gobierno al ex-presidente y prohibiéndole a Lula conceder entrevistas antes de su juicio, un derecho garantzado a cualquier preso de derecho común, expresan claramente una selectvidad incompatble con el principio de imparcialidad.

Es importante recordar que la legitmidad de la acción legal sólo puede basarse en la no proximidad entre la insttución judicial y los intereses partculares, lo que garantza que las decisiones y / o posibles restricciones a los derechos fundamentales refejen la solución adecuada que corresponde a la causa penal. Sin imparcialidad, no hay un procedimiento contradictorio real, no se respeta el proceso legal correspondiente y el sistema acusatorio se vuelve insostenible. Sin imparcialidad, la sentencia sólo puede ser una impostura, como de hecho lo es en el “caso Lula”.

También es importante destacar que varios juristas independientes, tanto brasileños como extranjeros, que tuvieron la oportunidad de analizar todas las pruebas reunidas contra el ex-presidente Lula da Silva, afrman que no hay elementos sufcientes para condenarlo. La lectura partcularizada de la sentencia del ex-juez Moro permite identfcar el uso de sofsmas, mentras, presunciones y sentdo común autoritario para justfcar la condena del ex-presidente.

La lectura de la sentencia también muestra que Sergio Moro no solo violó los límites epistemológicos necesarios para validar un hecho, sino que también construyó una sentencia a partr de una especie de “certeza delirante”, manifestada desde el inicio del procedimiento, sin ninguna relación con la evidencia que se halla en el expediente. Entre los absurdos del campo de prueba está la primacía dada a lo que se defne como “delaciones premiadas”, basadas en un acuerdo entre acusadores y convictos, que transforma los valores de “verdad” y “libertad” en materia negociable. A cambio de la libertad y en ciertos casos del disfrute económico de bienes adquiridos ilegalmente, los acusados, incluidos algunos detenidos ilegalmente, con el fn de predisponerlos a la delación, son inducidos a realizar declaraciones que satsfacen las expectatvas de los inquisidores, es decir, declaraciones que no necesariamente responden al valor de verdad, sino que confrman las hipótesis de la fscalía. En el caso del ex-presidente Lula da Silva, por ejemplo, un “delator” presentó varias versiones de un hecho que suponían la inocencia de Lula da Silva, versiones que los inquisidores rechazaron, hasta obtener y validar otra versión servía “incriminar” al ex-presidente.

Tampoco puede ignorarse que Lula da Silva fue declarado culpable de “un hecho indeterminado”, lo que signifca que la fscalía y el poder judicial no pudieron identfcar el acto concreto de corrupción presuntamente cometdo por Lula da Silva.

Además, el Tribunal Regional Federal de la 4a Región, que consideró la apelación contra la sentencia del ex-presidente Lula da Silva, exhibió signos claros de violación de

Traducción desde el francés al español de Gabriel Puricelli

la imparcialidad requerida por el poder judicial en los sistemas judiciales democrátcos. Hubo declaraciones públicas de miembros de este tribunal brindando su apoyo a las decisiones y tomas de posición de Sergio Moro incluso antes de que examinar el recurso de apelación. Por otra parte, en Brasil, debido al aura mediátca de Sergio Moro, ungido como héroe por los medios de comunicación, varios jueces, magistrados de apelaciones y de tribunales de segunda instancia adoptaron comportamientos similares a los del ex-juez, para ganarse la simpata de los grupos económicos que permiteron la promoción polítca de aquel. También debe tenerse en cuenta que Sergio Moro representó para muchos jueces brasileños un símbolo de renovado prestgio social y de privilegios que la carrera judicial había perdido, especialmente durante los gobiernos del Partdo de los Trabajadores.

El Tribunal Federal Regional dejó clara su falta de imparcialidad en su prisa por confrmar la condena de Lula da Silva y, por lo tanto, impedir que el Partdo de los Trabajadores lo inscriba como su candidato presidencial. El plazo razonable de un proceso es una garanta consttucional para el acusado, inscrito tanto en la Consttución de la República como en los tratados internacionales frmados por Brasil. El principio de “plazo razonable” establece el derecho del acusado (quien presuntamente ha cometdo un delito) a ser juzgado dentro de un plazo que se entende como el tempo necesario para garantzar que los derechos de las partes involucradas se examinen sin apremios indebidos. Se trata de un derecho artculado sobre el deber del Estado de pronunciarse sobre la tutela judicial en un plazo razonable. Un juicio de duración atpica puede caracterizar, más allá de la violación de la garanta consttucional sobre la duración razonable de los procedimientos penales, un indicador fuerte de parcialidad judicial.

En el caso del ex presidente Lula da Silva, la violación de la garanta de imparcialidad se evidencia la velocidad anormal de la revisión judicial de la apelación, que fue fundamental para evitar la candidatura de Lula da Silva, y al mismo tempo confrmar la condena de prisión del ex presidente. En el “caso Lula”, este exceso de velocidad revela la selectvidad de un tratamiento desigual, interesado y parcial del poder judicial brasileño. La defensa técnica del ex-presidente Lula da Silva ha demostrado matemátcamente que es humanamente imposible examinar todas las pruebas o incluso leer los argumentos de la defensa en el tempo que transcurrió entre la presentación de los argumentos de la defensa y la fecha fjada para el fallo que terminó con la “confrmación” de la sentencia de Lula da Silva.

Se sabe que el ejercicio efectvo de los derechos y garantas de los acusados requiere de tempo. El acusado necesita un tempo mínimo, adecuado al ejercicio de los derechos de la defensa, a la contradicción, al debate sobre la evidencia, etc. Dicho esto, la duración de los procesos penales más acá o más allá del tempo necesario para garantzar estos derechos fundamentales y sus respectvas garantas provoca, en últma instancia, la violación de cada uno de estos derechos. De manera similar, el tratamiento diferencial otorgado a un juicio en partcular viola también la conformidad del proceso legal. En el “caso Lula”, el ex-presidente fue juzgado antes que otros acusados que esperaban sentencia desde hacía más tempo o en una situación judicial que requería una decisión antes que la hubiera en el juicio contra el ex-presidente,

Traducción desde el francés al español de Gabriel Puricelli

dando una señal adicional de falta de imparcialidad. Con respecto a la sentencia del Tribunal Regional Federal, mientras Lula aún estaba libre, y la revisión de su caso antes que el de otros que implicaban a acusados presos que, por lo tanto, gozaban de una prioridad legal, estamos ante un indicador adicional de un trato selectvo incompatble con la garanta de imparcialidad. Este deseo de acelerar la sentencia también pasó por alto la validez del artculo 616 del Código de Procedimiento Penal de Brasil habida cuenta de la negatva a llevar a cabo un nuevo interrogatorio por parte del Tribunal Regional Federal.

Para resumir el “caso Lula”, se violaron las normas legales y reglamentarias con el fn de acelerar el procedimiento que permitó el encarcelamiento de Lula e impidió así su candidatura, en clara violación de la garanta de imparcialidad. No es casualidad que, recientemente, uno de los jueces de apelaciones, responsable de la confrmación de la sentencia contra el ex-presidente Lula da Silva, quien por cierto hizo pública su amistad con Sergio Moro, ha sido mencionado como probable próximo magistrado del Supremo Tribunal Federal, a partr de un nombramiento del presidente Jair Bolsonaro.

Cabe señalar también que la sentencia del Superior Tribunal de Justcia sirvió para enmarcar la comisión de injustcias contra Lula da Silva. Basta, por ejemplo, mencionar que los magistrados responsables del análisis de la apelación se negaron a pronunciarse sobre la certfcación o no del análisis del conjunto de las pruebas presentadas contra el ex-presidente, después de considerar que la fjación de la pena contra el ex-presidente era errónea. En otras palabras, los mismos magistrados que reconocieron la existencia de errores en la aplicación de la pena declararon que no podían pronunciarse sobre eventuales errores en la evaluación de la evidencia. Algún tempo antes de esta sentencia caracterizada por una omisión judicial al negarse a remediar las violaciones de los derechos fundamentales del ex presidente, asistmos, una vez más, a expresiones públicas de cuadros militares señalando que la pena de prisión contra el ex-presidente Lula debía ser mantenida.

Tampoco podemos ignorar la omisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de examinar la violación de la presunción de inocencia, que prohíbe, como inútl, el encarcelamiento antes de una decisión judicial defnitva, y la negatva a tomar en consideración el artculo 283 del Código de Procedimiento Penal de Brasil, que garantza a los acusados el derecho a esperar en libertad la resolución de toda apelación de una sentencia e impide la ejecución inmediata de la pena privatva de libertad. Con el fn de mantener la sentencia de prisión de Lula da Silva, el Supremo Tribunal Federal no solo violó los límites semántcos del texto legal, sino que también descartó la posibilidad de examinar acciones judiciales que cuestonen dichas violaciones u omisiones.

Muchas otras nulidades o ilegalidades han sido presentadas por la defensa del ex- presidente, pero no han sido consideradas por el momento. Para mantener a Lula da Silva en la cárcel, se han violado los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, se ha modifcado la jurisprudencia y se han ignorado doctrinas consagradas. Por todas estas razones, la condena y el encarcelamiento de Lula da Silva sólo pueden

Traducción desde el francés al español de Gabriel Puricelli

defnirse como una aberración legal y una sentencia polítca incompatble con la democracia.

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